"Una insuficiencia de capacidades de control dinámico de las tensiones". Esa fue según el Comité de análisis la causa del
apagón general que se produjo en España el 28 de abril de 2025. En realidad no se señala a una causa única, sino que destaca cómo se produjo una cascada de fallos que empujó el sistema más allá de su límite.
El
informe presentado por el Gobierno
señala a Red Eléctrica, que según el estudio intentó estabilizar el sistema reduciendo las exportaciones de energía y aumentando el mallado de la red. En lugar de ayudar, esas medidas elevaron aún más
la tensión existente en el sistema. Con la red tensionada se produjeron los dos grandes detonantes: la desconexión de
una subestación de Granada y luego de otra en Badajoz hicieron que estas piezas del dominó energético español acabaran por
contribuir de forma definitiva al colapso general. Red Eléctrica intentó
arrancar una central de gas siete minutos antes del desastre, pero ya era demasiado tarde.
El informe, por supuesto,
no ha gustado a Red Eléctrica, que en
un informe propio apuntando a la
mala praxis de las compañías eléctricas. Red Eléctrica
tomó tres decisiones para reducir las oscilaciones del sistema que subieron la tensión, pero su resultado fue el contrario al que buscaban. Y mientras el Gobierno culpa (sobre todo) a Red Eléctrica y Red Eléctrica culpa a las grandes compañías eléctricas, estas últimas
culpan al Gobierno —de nuevo, con
sus propios argumentos— en un cruce de acusaciones que hace que todo sea un gigantesco lío.
En ese análisis general de la situación hay otros elementos importantes. Por ejemplo, que las centrales de energía renovable
se desconectaron antes que ninguna otra cuando comenzó el apagón y no respondieron adecuadamente a las condiciones de la red. La falta de control de tensión en momentos críticos, sobre todo en estos parques renovables,
tiene solución: ahora
falta aplicarla.
Pero mientras tanto, los que pagaremos seremos los usuarios.
Lo haremos en la factura de la luz y sin poder hacer demasiado. Quedamos a merced de datos poco transparentes para elegir a quién creer en esta guerra de acusaciones, cuyo telón de fondo es la previsible batalla legal por las indemnizaciones
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